Mateo 7:15: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces» 

Enfrentamos hoy en esta nación, ocupada desde 1898, la diseminación de una mentira: que Miguel Romero es un buen servidor público. Los analistas y los medios de desinformación masiva (como WAPA, Telemundo y El Nuevo Día) lo dicen.  Pero este individuo ha sido protagonista de la destrucción, persecución y ataques de las administraciones coloniales contra la clase trabajadora boricua; un gatillero neoliberal del anexionismo. Repasemos sus acciones, porque ellas demuestran quién es este lacayo del neoliberalismo a ultranza. La canonización de este señor no se sostiene ante el legado funesto de su servicio público.

Durante la administración de Luis Fortuño (2009–2013), Romero fungió como Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, ejecutando el despido de más de 30,000 empleados públicos. Miren el cinismo de implementar el despido de padres de familia desde el puesto que debía defenderlos.

Luego, como Secretario de la Gobernación, promovió las Alianzas Público-Privadas (APP) y la privatización de activos como el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, las autopistas PR-22 y PR-5, y las Escuelas para el Siglo XXI. La privatización de las autopistas garantizó el aumento de peajes cada año debido al costo de vida (para la empresa, no para usted). Hoy se pagan $15.60 diarios en un viaje de ida y vuelta de Hatillo a San Juan, cuando antes el costo era de $8.20. Desde la privatización, las tarifas en la PR-22 y la PR-5 han aumentado entre un 55% y un 125%.

Sus ejecutorias como senador por San Juan (2017–2020) reafirmaron su compromiso contra el pueblo. Como senador, apoyó la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, que redujo la acumulación de vacaciones, días de enfermedad y el bono de Navidad para nuevos empleados del sector privado. Como presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, fue pieza clave en el andamiaje legal para implementar los recortes presupuestarios y las reformas exigidas por la Ley PROMESA.

Además, defendió el acuerdo de COFINA empujando la legislación habilitadora que nos condena a pagar IVU por 40 años. Esta ley validó que bonos no asegurados se convirtieran en asegurados. Si ocurre una merma en los recaudos del IVU, esos bonos tienen prioridad de pago sobre los servicios esenciales, lo que provocará más recortes o un aumento del IVU. Para colmo, una parte sustancial de los bonos de COFINA fue adquirida por fondos buitres a precio de «pescao abombao» (unos 25¢) y vieron su inversión multiplicada por casi cuatro veces, ya que el acuerdo les garantizó el pago a 95¢. Sus márgenes de ganancia neta promediaron entre el 70% y más del 250%. Romero saca el dinero de su bolsillo para entregárselo a banqueros y billonarios en bandeja de plata, mientras el pueblo lidia con el alto costo de vida.

Desde la Comisión de Gobierno, lideró el trámite del Proyecto del Senado 603, que eliminó las pensiones definidas para empleados del gobierno central, maestros y jueces, moviéndolos a un sistema de aportaciones individuales (similar a un 401k privado) donde el empleado asume el riesgo total del mercado. Asimismo, avaló las medidas que dieron paso a la congelación de las pensiones del magisterio y su sustitución por el sistema PayGo. También promovió la llamada Reforma Universitaria y los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR), reduciendo las aportaciones estatales. Esto obligó al aumento del costo del crédito, la eliminación de exenciones de matrícula y el recorte de beneficios a los empleados, limitando el rol de la universidad pública como motor de movilidad social. Este es el legado de la figura que quieren promover como buen administrador.

«Ojo al pillo», diría mi abuela. El pregonado “triunfo administrativo” con la aprobación de la JCF para el refinanciamiento de la deuda pública municipal por $209 millones debe tomarse con pinzas. El truco está en que los 9.4 millones de ahorros anuales se deben a un pago global en el 2033; el 60% del principal de la deuda no se está amortizando, sino aplazando. En el año 2033, la ciudad capital enfrentará un vencimiento masivo que obligará a las futuras administraciones a refinanciar. Se repite el libreto de patear la deuda hacia adelante para lucirse a corto plazo, dejando la carga real a las próximas generaciones de sanjuaneros.

No se detalla públicamente el desglose de los millones destinados a las casas de corretaje y asesores legales. Sí sabemos que entre los Costos de Emisión y el Descuento del Asegurador, los intermediarios se llevan entre $6.4 millones y $16.1 millones del nuevo préstamo; dinero que no va a pagar deuda vieja ni a pavimentar calles, sino a banqueros y abogados. Si el municipio se ve obligado a refinanciar ese balance residual en 2033 bajo tasas de interés más altas, el costo de la deuda se disparará. Para absorber ese impacto, las futuras administraciones ejecutarán recortes draconianos: cierre de CDTs, reducción de jornada laboral, aumento de patentes a pequeños comerciantes o nuevos arbitrios. Romero y el PNP (así como el PPD antes) implementan las políticas dictadas por los invasores: socializan pérdidas y privatizan ganancias, utilizando el crédito público para enriquecer a intermediarios financieros mientras el riesgo de impago se traslada al pueblo.

Romero también actuó como protector de un hostigador laboral y acosador sexual. Contratado como examinador externo por el municipio de Guaynabo, investigó la querella de hostigamiento sexual contra Héctor «El Cano» O’Neill Rosa, hijo del entonces alcalde Héctor O’Neill García. En su informe concluyó que las alegaciones «carecían de prueba» y recomendó archivar la querella, lo que permitió al municipio sepultar el caso. Sin embargo, la perjudicada llevó el caso al tribunal, donde se probó el hostigamiento sexual, las represalias laborales y el encubrimiento. Esto obligó al Municipio de Guaynabo a enfrentar un veredicto millonario y a pagar transacciones con fondos públicos de hasta $600,000. Romero demostró ser un artista del toallazo político y un mediocre investigador.

Por último, impulsó la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la protección de los intereses de Applied Energy Systems (AES). Es cómplice de LUMA, de GENERA, de los apagones y de las fluctuaciones de voltaje que dañan enseres y afectan la salud emocional del pueblo. Tanto en el Senado como en la alcaldía de San Juan, operó como defensor de la entrega del sistema energético a manos privadas, votando a favor de la Ley 120-2018. Defendió la privatización ante las intensas manifestaciones del pueblo y de la UTIER, argumentando que el capital privado traería eficiencia y abarataría costos. Hoy vemos los frutos: la luz más cara, más apagones que nunca y el colapso constante del servicio, mientras LUMA se lleva miles de millones anualmente.

Los intentos de la JCF y de los medios de comunicación por beatificar a Miguel Romero se hacen añicos ante la verdad de sus acciones. Rompamos el espejismo del buen administrador; lo que hay en realidad es un servidor del neoliberalismo imperial que le ha hipotecado la vida al pueblo y a las próximas generaciones.