La Coalición Defiende a Cabo Rojo denuncia el PC 310

Defiende a Cabo Rojo  20 Abril de abril de 2026

La Coalición Defiende a Cabo Rojo (DaCR) alzó su voz de alerta y repudio ante el Proyecto de la Cámara 310 (PC 310), medida legislativa que calificó como un “atentado directo a la democracia, a nuestros derechos y a la protección de los sistemas naturales y la ciudadanía”. Junto con el propuesto nuevo Código de Planificación y Permisos, del que extraen las peligrosas medidas del PC 310 para aprobarlas aparte, y otras medidas legislativas como el PC 25, esta nueva ley le amarraría las manos al pueblo para favorecer intereses de “desarrolladores” en todos los rincones del archipiélago. 

 Sin previa discusión pública, el PC 310 fue aprobado en el Senado el 13 de abril de 2026 y transferido de inmediato al escritorio de la gobernadora. En la mañana del 17 de abril, DaCR entregó a mano en la Fortaleza una carta formal solicitando una reunión urgente e inmediata con la gobernadora, Jenniffer González Colón. Al momento, 350 personas y 56 organizaciones y negocios han suscrito la carta, pues reconocen que el PC 310 atenta contra la democracia y la posibilidad de que residentes y comerciantes en Puerto Rico tengan acceso a remedios administrativos y legales para daños y perjuicios que cualquier proyecto de construcción pueda ocasionar a su persona o propiedad.

 Entre otras disposiciones, el PC 310 exige el pago de una fianza equivalente al 10% del costo estimado del proyecto de construcción para poder radicar un caso legal o querella administrativa. La medida también elimina la facultad de los jueces para exonerar de dicho pago a comunidades de escasos recursos u organizaciones sin fines de lucro. A la vez, el PC 310 requiere demostrar un “daño inminente” a persona o propiedad. Todo esto atenta directamente contra el derecho de la ciudadanía a buscar protección y remedios legales. 

 Por ejemplo, si aprueban una planta de asfalto al lado de la casa de un ciudadano de a pie, para poder someter un caso en la corte, este tendría que prestar una fianza del 10% del costo de la planta de asfalto y probar que causará un “daño inminente” a su persona o propiedad. ¿El ciudadano tendría esa cantidad de dinero? ¿Cómo podría probar de inmediato la relación entre la planta de asfalto y los daños que las emisiones pueden ocasionar cuando la construyen (y peor si es paciente de asma, condiciones respiratorias, cáncer, enfisema)? 

 “En el caso de un megaproyecto como ‘Esencia’, cuyo costo estimado es de $2,000 millones, cualquier grupo comunitario o ciudadano que necesite impugnar –como por ejemplo un pescador en la bahía de Boquerón o una residente del barrio El Corozo– tendría que desembolsar la absurda cifra de $200 millones,” denunció la Coalición. Así, el PC 310 convierte el derecho a la justicia en un privilegio de los sectores más ricos, monetiza la radicación de querellas e incentiva el uso de prácticas ilegales por parte de desarrolladores, pues tácitamente les aseguraría que el escrutinio legal sería limitado.

Por si fuera poco, el PC 310 permitiría la construcción en Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP), siempre que el gobierno estatal o municipal clasifique la obra como proyecto estratégico, lo cual ya hicieron con “Esencia”. “Este cambio a los reglamentos ignora las protecciones ambientales vigentes en el Plan de Uso de Terrenos para dar paso a cemento y varilla sobre tierras de alto valor ecológico, cultural y agrícola”, alertó la Coalición.

Además de proyectos alarmantes que se encuentran en diferentes etapas en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande y Vieques, recientemente se han dado a conocer planes de proyectos de lujo a gran escala en Dorado, Naguabo y Loíza. “Estamos ante una estrategia coordinada para entregar el archipiélago a los grandes intereses y expulsarnos, siguiendo el infame ‘Puerto Rico sin puertorriqueños’ del chat de 2019. El PC 310 es un arma antidemocrática y autoritaria para silenciar la oposición ante un patrón de explotación que nos afecta gravemente a todos. De aprobarse, el pueblo quedaría prácticamente desprovisto de protección en ley”, concluyó la Coalición. 

DaCR le recuerda a la gobernadora que el pasado 28 de marzo decenas de miles de personas se manifestaron contra “Esencia” y lo que este megaproyecto representa, y que ya cientos de ciudadanos han suscrito la carta en la que la Coalición le solicita audiencia inmediata. “Hacemos un llamado urgente a la gobernadora a reunirse con nosotros, a escuchar al pueblo y a vetar el PC 310. Exhortamos también a la ciudadanía a suscribir nuestra carta y mantenerse vigilante y activa en la defensa de nuestro territorio”, puntualizaron los portavoces.

Tomado del Post Antillano.