La semana pasada un oficial de la policía fue asesinado por elementos desconocidos, en un residencial público en Carolina.  Esto se suma a los cientos de asesinatos cometidos contra ciudadanos en todo Puerto Rico.  Siempre es una tragedia para todos y un golpe muy duro para los familiares y amigos de las víctimas.  A todos les damos nuestra condolencia y pedimos el esclarecimiento de estos casos lo antes posible.

Sin embargo, esa indignación, la solidaridad que sentimos por esos casos de asesinatos no puede llevarnos a justificar o condonar el que se cometan atropellos y violaciones de los derechos humanos de los puertorriqueños. 

Se ha movilizado a la policía de Puerto Rico a una acción de tomar y ocupar el Residencial Sabana Abajo de Carolina, restringiendo las entradas y salidas de los residentes de este y varios otros residenciales, en ese municipio. Y si bien son policías de plantón los que hacen el trabajo de poner la cara a la acción violatoria de los derechos humanos de la gente, estamos seguros que esta decisión va más allá del jefe de la policía y se tomó a nivel de la gobernación y claramente implementada con la complicidad de las agencias federales por el Buró federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Agencia de seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés). 

Los puertorriqueños denunciamos los abusos y acciones que violan los derechos humanos de los residentes, implementadas por la administración colonial de Puerto Rico, con la anuencia de los Estados Unidos.

Estas acciones son una violación a los derechos humanos de todos los compatriotas residentes de esas comunidades. Según los Convenios de Ginebra, los castigos colectivos son un crimen de guerra. El artículo 33 del Cuarto Convenio establece: “Ninguna persona protegida puede ser castigada por un delito que no haya cometido personalmente”, y “se prohíben los castigos colectivos e igualmente todas las medidas de intimidación o de terrorismo”. El castigo colectivo es una práctica que se encuentra proscrita por el Derecho Internacional. Esta norma se aplica a situaciones en las que un grupo de personas sufre consecuencias negativas debido al comportamiento de uno o más individuos o grupos, sin que necesariamente tengan una relación directa con esos actos o control sobre ellos”

La ocupación ilegal e indefinida de los residenciales públicos; la implementación de puntos de cotejo de entrada en esas comunidades en violación al debido proceso de ley; violando los derechos básicos de causa probable, un registro irrazonable sin causa probable o una orden de cateo es ilegal. Esos puntos de cotejo que le impidiendo que los residentes de la comunidad lleguen a su casa y tengan que pasar por un punto de cotejo están erigidos en la ilegalidad y en violación de las supuestas garantías legales que deben proteger a toda persona.

 LA IMPOSICIÓN DE UN ESTADO DE SITIO EN ESTAS COMUNIDADES DEBE SER REPUDIADO Y CONDENADO ENÉRGICAMENTE POR TODOS LOS SECTORES DE ESTA NACIÓN BORINCANA.

 Nuestra visión, nuestro proyecto de nación se levanta sobre la creencia de que la dignidad y la integridad de todo ser humanos es inviolable, y sin lugar a dudas el que se quiera castigar colectivamente a los hermanos y hermanas que viven en los residenciales públicos acechados por la policía en Carolina, degradan la integridad y humanidad de estas comunidades, pues se justifican desde la discriminación de clase de esas comunidades y de los estereotipos que la administración colonial siempre le ha etiquetado a los hermanos y hermanas de los residenciales públicos. Los vemos, los entendemos y sabemos de esa violencia constante y continua y por ello la condenamos sin ambages. Además, condenamos el chantaje que el Comisionado de la Policía de Puerto Rico pregona, al amenazar una ocupación ilegal indefinida hasta que se conviertan en “chotas” los residentes de esas comunidades.

No debemos quedarnos callados ante este atropello contra estas comunidades nuestras que trabajan arduamente, que trabajan a crear los caminos para mejorar sus condiciones de existencia material a pesar de la constante marginación y persecución que sufren por las mal llamadas fuerzas de “ley y orden.”  Esto es la colonia. Esta es la distracción. Esta es la corrupción.

Por eso convocamos y exhortamos a todas las organizaciones que luchan y defienden los derechos humanos, en su rica diversidad de acciones y objetivos a que condenen y denuncien la ocupación ilegal y el castigo colectivo que se implementa en los residenciales públicos en la zona de Carolina. A las organizaciones políticas, es urgente que se sumen a condenar esta acción discriminatoria y clasista.

Todos queremos que los criminales sean atrapados y juzgados pero no puede ser violando los derechos del pueblo y castigos colectivos ilegales.

 ¡BASTA YA A LA OCUPACIÓN ILEGAL, BASTA DE CASTIGOS COLECTIVOS, DE SABANA ABAJO Y OTROS!