(A Diana, Esperanza y Frank en Nueva York  y a Carmen Valentín[1] en el corazón)

Lectura Educación Política

Introducción

Por amor a la libertad, tres generaciones de hombres y mujeres boricuas han sacrificado los años más hermosos de su juventud en las prisiones federales de los Estados Unidos.  

Desde la invasión norteamericana a Puerto Rico en 1898, estos patriotas, siguiendo la pauta trazada en Lares en 1868, han abonado con su sangre y su sudor la semilla de la libertad contribuyendo así a mantener ininterrumpida la larga trayectoria de luchas libertarias del pueblo puertorriqueño.  La resistencia armada boricua era un proceso incoado ya desde antes de la invasión europea de 1493 cuando la isla de Borikén se había convertido en frontera de choque en el ombligo mismo de las Antillas[2], y blandían el arco y la flecha patrios incluso cacicas taínas como Yuisa, Guayerbas, Yayo y Catalina[3].  

Si hoy poseemos un pasado glorioso en luchas y gestas libertarias, lo debemos a los mártires que del Yagüeca[4] a Pitirre II[5], y de Lares[6] a Jayuya[7], han dado continuidad a una de las más heroicas resistencias nacionales, la cual se ha estrellado contra los más brutales y sofisticados imperialismos de la época moderna.

La historiografía oficial ha buscado minimizar las hazañas libertarias de nuestros antepasados.  No por otra cosa, decía don Pedro Albizu Campos, padre de la conciencia nacional puertorriqueña, que “los que no aman a sus antepasados, no pueden amarse a sí mismos”[8], eco prolongado y distante de las palabras de Hegel al escribir en su Filosofía de la historia que cuando logramos percibir el presente como un resultado de los eventos encadenados del pasado, sólo entonces lo histórico es nuestro y nos pertenece:

The historical is then ours […] when we can regard the present in

general as a consequence of those events in whose chain the

characters or deeds represented constitute an essential link…  For art does not exist for a small, closed circle of the priviledgely cultured few, but for the nation as a whole.[9]

No empece la cadena de infundios y falsedades, de distorsiones y argumentos tendenciosos, creados sobre nuestra historia patria, las voces de nuestros héroes jamás podrán ser silenciadas por el torbellino nebuloso de la historiografía oficial.  Los medios de difusión y procesamiento de información al servicio de intereses imperialistas han buscado divorciar la praxis revolucionaria de los contextos y subtextos que informan y explican dicha praxis.  El resultado es una interpretación absurda y maniquea de la historia puertorriqueña, en la cual no se logra percibir el proceso social en su totalidad, sino fragmentariamente y sin vínculos a la concatenación de fenómenos sociales pretéritos que forman la historia de un pueblo.  Tal ha sido el sistema usado por el imperialismo, el cual ha buscado obnubilar nuestra memoria colectiva, y de paso vituperar y vilipendiar, encarcelar, torturar e incluso asesinar a nuestros héroes nacionales despojándoles del lustre y brillo que sus hazañas les confieren por derecho propio.

Miles de puertorriqueños han sido encarcelados por motivos políticos, específicamente por desafiar la autoridad y jurisdicción de las instituciones norteamericanas radicadas en la isla de Puerto Rico.  Los casos van desde la oposición al servicio militar obligatorio de los Estados Unidos en Puerto Rico hasta la oposición masiva a la injerencia de la marina norteamericana en la isla de Vieques, Puerto Rico (incautada por la Marina Norteamericana en el 66% de su territorio, la isla de Vieques ha sido convertida en un campo de experimentos bélicos), pasando por las sentencias por desacato en juicios políticos y otra serie de cargos reales o ficticios del gobierno de los Estados Unidos en contra de los patriotas puertorriqueños.  Puerto Rico es una sociedad asediada por el poder sofisticado de un imperialismo que disfraza los hechos, y opera a base de espejismos presentados con todos los perfiles de la legalidad y el orden. 

La represión y el nacionalismo de la década de 1930

La primera generación de prisioneros políticos puertorriqueños del siglo xx, incluye a los jóvenes patriotas formados al calor de la cañaveralización de Puerto Rico.  En 1898 Estados Unidos invadió a Puerto Rico y dislocó el marco infraestructural de una economía basada en el cultivo del café, cuyo eje giraba en torno a la actividad agrícola y comercial de la montaña.[10]  Las leyes norteamericanas aplicadas a Puerto Rico (ocupación militar de 1898, Acta Fóraker de 1900 y Acta Jones de 1917) favorecieron a los inversionistas norteamericanos, quienes se apoderaron del mercado del azúcar y convirtieron a Puerto Rico en una vasta plantación azucarera al servicio de intereses foráneos.  La atmósfera se cargó de tensiones, y el proceso hizo eclosión en los años 30.[11] 

La década del 30 es una de las más escabrosas en la historia de Puerto Rico.  Son años en que el modelo de acumulación del capital implantado por Estados Unidos deja ver sus efectos: miseria del proletariado rural, absentismo, fuga de capitales, huelgas, carestía de la vida y tiempo muerto.  El antiguo Partido Socialista de 1914 y la Federación Libre de Trabajadores, la cual había visto la luz con el nuevo siglo, le han dado la espalda al movimiento obrero; y el Partido Unión, diluyendo hasta la nimiedad sus ideales de independencia, chachullea con las azucaradas corporaciones.  Son los años del «Lamento Borincano» del compositor Rafael Hernández, años del azote huracanado de la naturaleza y del azote de los gobiernos que Washington impone a Puerto Rico.  Los asuntos de Puerto Rico son manejados directamente por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos.  Blanton Winship, experimentado militar que estuvo en 1898 en Filipinas, y en Francia y Alemania durante la Primera Guerra Mundial, es nombrado gobernador de Puerto Rico por el presidente Roosevelt.  El otro “hombre fuerte”, quien ejecuta la represión contra los nacionalistas, es el coronel Riggs, nombrado jefe de la policía.  Riggs, también experimentado militar, había estado en las Filipinas en 1914 y fungió como agregado militar en Rusia durante la Revolución Bolchevique y el depuesto gobierno de Kerensky.[12]   Ambos se preparan para un combate.  Tienen instrucciones claras y precisas.  Su decisión es tajante: cortarle las aletas al movimiento patrio, eliminar de raíz los reclamos nacionalistas. La suerte estaba echada, y los nacionalistas recogen el guante.[13]

Ningún juicio que se haga hoy de Albizu y el nacionalismo puertorriqueño puede prescindir de este importante contexto.  Albizu ocupa un sitial distinguido entre las grandes figuras continentales.  Su estatura se equipara a la de Toussaint Louverture de Haití, Bolívar de Venezuela y Washington de Estados Unidos.  No obstante, a Albizu le tocó vivir en otro clima y en otros tiempos.  A tiro de ballesta de las fauces del dragón y en una época cuando los imperialismos modernos se han sofisticado y han ido consolidando su poderío económico, Albizu y el nacionalismo puertorriqueño se erigen como los auténticos defensores de la soberanía nacional.  Los nacionalistas de los años 30 rescatan nuestra bandera mono-estrelleda para la patria, son masacrados en Río Piedras en 1935[14] y en Ponce en 1937[15], enjuiciados severamente y sepultados en las mazmorras del imperio, el cual se deshace de los cuadros dirigentes del Partido Nacionalista Puertorriqueño.  En un proceso legal lleno de violaciones a la ley y de tensiones sociales, estos patriotas son juzgados dos veces, y finalmente son condenados por un jurado mayoritariamente norteamericano a diez años de prisión en penitenciarías norteamericanas separados de sus familiares, amigos y allegados en el patrio suelo.[16]  Pertenecen a esta primera generación de prisioneros políticos puertorriqueños Pedro Albizu Campos, Juan Antonio Corretjer, Clemente Soto Vélez, Pablo Rosado Ortiz, Erasmo Velázquez, Luis F. Velázquez, Juan Gallardo Santiago y Julio H. Velázquez Mercado.  El cargo principal esgrimido contra los nacionalistas fue “conspiración sediciosa”, el mismo cargo levantado contra las subsiguientes generaciones de patriotas puertorriqueños.  Fue un proceso viciado, el cual estuvo caracterizado por irregularidades y chanchullos políticos.[17] 

 La lucha armada en la década de 1950

La incansable labor del nacionalismo puertorriqueño produce una segunda generación de prisioneros y prisioneras políticos durante la década del 1950.  El 30 de octubre de 1950 estalla la revolución en Peñuelas, Ponce, Arecibo, Utuado, Mayagüez, Naranjito, Jayuya, San Juan, Santurce, y el 1 de noviembre en Washington D.C., donde un Comando Nacionalista ataca la Casa Blair.[18]  El Grito de Jayuya o la Insurrección Nacionalista de 1950 es la respuesta inmediata a la aprobación por parte del Congreso Norteamericano de la Ley Pública 600 (PL 600).  La Ley 600 autoriza a los puertorriqueños a elegir una convención constituyente para redactar su propia constitución, la cual legislará en todo lo concerniente al gobierno local e insular, pero no podrá enmendar ni abrogar las cláusulas que regulan el comercio, la marina, la defensa, comunicaciones, tratados comerciales e internacionales, leyes marítimas y de cabotaje, aduanas, correos, moneda, ciudadanía y leyes de naturalización e inmigración.  Todas estas disposiciones quedarán sujetas al albedrío del Congreso Norteamericano en lo que hoy se conoce como la Ley de Relaciones Federales (Federal Relations Act).[19]  Una vez redactada la constitución, ésta tenía que ser aprobada por el pueblo de Puerto Rico, por el presidente de Estados Unidos y por el Congreso Norteamericano.  No sólo el nacionalismo puertorriqueño, sino también el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y toda la izquierda puertorriqueña de la década del 50 vieron muy claro el atolladero sin salida del nuevo estatuto colonial.  El PIP, el segundo partido político en el país, no apoyó la Ley 600, y decidió boicotear el proceso.  También se opuso el liderato anexionista del país (Partido Estadista Republicano), aduciendo que la nueva ley perpetuaba el colonialismo en Puerto Rico.  Las inscripciones de nuevos electores que aprobarían o rechazarían la Ley 600 se fijó para los días 4 y 5 de noviembre de 1950.[20]  Albizu y los nacionalistas decidieron llamar la atención a nivel internacional declarando la Segunda República de Puerto Rico y llevando un comando armado a Washington, D.C.  El propósito de los nacionalistas no fue asesinar al presidente Truman como ha pregonado irresponsablemente la historiografía oficial.  Los nacionalistas siempre han sido gente de orden y de ley, amantes de su tierra, su herencia cultural, y criados en el respeto a la vida y los derechos de los demás.  La batalla del nacionalismo ayer, y la de los prisioneros y prisioneras políticos y de guerra hoy, es contra el imperialismo norteamericano.  Albizu jamás reconoció la validez del Tratado de París, el cual cedía Puerto Rico y otras dependencias españolas a los Estados Unidos, y lo impugnó en el contexto del Derecho Internacional.  Los mismos alegatos jurídico legales que usaron los actuales prisioneros políticos son los que ya había usado Albizu, hombre de ley y profundo conocedor del Derecho Internacional.  Hay una correlación muy clara entre cada batalla armada de los nacionalistas y la coyuntura internacional.

En su último discurso público, pronunciado en Lares en la Plaza de la Revolución, aquel 23 de septiembre de 1950, Albizu impugnó las bases atómicas de los Estados Unidos en suelo puertorriqueño, la conscripción obligatoria de los boricuas para la Guerra de Korea y la Ley 600, la cual dejaba intacta la soberanía de los Estados Unidos en Puerto Rico.  Respecto a la Ley 600, Albizu se expresa en los siguientes términos:

¿Por qué todo ese afán por una cosa ilusoria, una cosa que es para afirmar

el despotismo sobre Puerto Rico?  Pues bien, todo eso hay que desafiarlo, y

hay que desafiarlo solamente como los hombres de Lares desafiaron el

despotismo: ¡con la revolución![21]

La represión que siguió a la Revolución de 1950 fue feroz.  Hacia el 3 de noviembre la policía había arrestado y detenido más de 1000 personas incluyendo nacionalistas, comunistas, independentistas y simpatizantes de la independencia.  Las inscripciones del 4 y 5 de noviembre de 1950 se celebraron con las cárceles abarrotadas de prisioneros detenidos por razones políticas.  Las detenciones eran “preventivas”, y fueron escalonadas por orden directa de Washington después de la misión del Comando Nacionalista a la Casa Blair.[22]  Todo simpatizante con la independencia era sospechoso de haber apoyado a los revolucionarios y revolucionarias de Jayuya.

En 1950 la Ley 600 había desencadenado la Insurrección Nacionalista.  En 1954 dos hechos políticos sirvieron de aguijón para el ataque armado al Congreso Norteamericano por parte de un Comando Nacionalista: primero, la aprobación el 25 de julio de 1952 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), estatuto traducido al inglés como “Commonwealth”,[23] y, en segundo lugar, la infame resolución 748 (VIII) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual, aprobada a fines de noviembre de 1953 tras un tenso clima político,[24] eliminaba a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales a la par que eximía a los Estados Unidos de la responsabilidad de rendir informes anuales sobre el estatuto colonial de Puerto Rico.  La gota que desbordó la copa fue la restricción impuesta al movimiento nacionalista, el cual no pudo asistir al Décimo Congreso de la Organización de los Estados Americanos (OEA), inaugurado en Caracas el 1 de marzo de 1954.  A nacionalistas e independistas se les negó visados para viajar a Caracas, e incluso se arrestó a los independistas residentes en Caracas.[25]  Fueron contra estas agresiones, y precisamente el mismo 1 de marzo de 1954 que protestaron tres hombres y una mujer: Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero, Irving Flores y Rafael Cancel Miranda. Con su acto de máximo heroísmo, estos patriotas sellan la década del 50 con una gesta que ha de convertirse en símbolo incólume de la nacionalidad puertorriqueña.  Debían atacar un lugar estratégico del imperio, y atacaron el lugar donde se pasó la Ley 600, la cual daría paso al ELA, estatuto colonial, desacreditado hoy en todo el mundo e incluso en la misma metrópolis.  La represión que siguió a este nuevo ataque fue definitiva para terminar de encarcelar y descabezar al liderato del Partido Nacionalista.  Las cárceles se volvieron a llenar y aplicando la infame Ley 53 de la Legislatura de Puerto Rico, conocida como la Ley de la Mordaza se encarceló a ciudadanos por derechos tan elementales como el ser miembro del Partido Nacionalista, vender boletos para una actividad del Partido Nacionalista o asistir a una misa en memoria de un nacionalista caído en defensa de la patria.  Y lo más paradójico es que a su vez los cargos esgrimidos contra los nacionalistas violaban la Carta de Derechos de la flamante Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.[26]

De Jayuya a la FALN y los Macheteros

Siguiendo el derrotero trazado por sus antecesores, la tercera generación de prisioneros políticos puertorriqueños representa lo más destilado y puro de la conciencia nacional puertorriqueña.  Cinco mujeres y diez hombres son acusados de traición y encausados por el gobierno de los Estados Unidos, imputándoseles cargos de querer derrocar por la fuerza el gobierno de los Estados Unidos.  Son procesados y condenados a sentencias que fluctúan entre los 35 y 105 años de prisión.  Las sentencias impuestas a estos combatientes de la libertad han sido las más severas del sistema de prisiones federales de los Estados Unidos.  La sentencia promedio de los nueve prisioneros encausados el 18 de febrero de 1981 en Chicago fue de 70 años.  En el mismo año la sentencia promedio más alta para los otros prisioneros del sistema federal norteamericano fue de 41 años.  Y entre 1966 y 1985 la sentencia promedio para los homicidas convictos fue de 22.7 años; para los violadores, 12.5 años; y 12 años para los convictos por posesión de armas y explosivos.[27]

De los 15 prisioneros políticos puertorriqueños, 11 fueron arrestados en Chicago el 4 de abril de 1980,[28] y juzgados y sentenciados el 18 de febrero de 1981 en la corte de un juez que reconoció que Puerto Rico era una colonia:

I understand it is a colony [and] I do not object to the movement.  It is

the way in which you are objecting to achieve those objectives that are

violations of our laws.[29]

No obstante, durante el juicio que se les siguió a los prisioneros boricuas se les negó el derecho a hacer todo tipo de alegato o moción en el sentido de que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos sujeto a la voluntad del Congreso Norteamericano.  Estos prisioneros, a quienes se les imputó ser miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), rehusaron en todo momento reconocer la jurisdicción del gobierno norteamericano sobre Puerto Rico, y por ende declararon que los tribunales de una potencia interventora en el país de ellos no podía juzgarlos.  Como auténticos prisioneros de guerra, los combatientes de la FALN reclamaron que fuesen juzgados en un tribunal internacional según dispone la Carta de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y el Derecho Internacional.  En un tribunal internacional habrían alegado, entre otras cosas, que el Congreso de los Estados Unidos impuso a los puertorriqueños la ciudadanía norteamericana con la oposición unánime de la Cámara de Delegados de Puerto Rico (único cuerpo deliberativo electo por el pueblo de Puerto Rico y depositario de la soberanía popular en 1917),[30] y que el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898 (ratificado con renuencia por España y proclamado el 11 de abril de 1899), el cual cedió Puerto Rico a los Estados Unidos, era nulo según el Derecho Internacional, pues para ese entonces Puerto Rico gozaba de derechos soberanos en virtud de varias cláusulas de la Carta Autonómica de 1897.[31]  Ninguna de estas verdades pudo salir a relucir en el juicio de los prisioneros de la FALN, y el juez Sullivan, ensañado por la rebeldía indomable de los prisioneros y prisioneras boricuas, dictó las más severas sentencias: Elizam Escobar, 60 años; Ida Luz Rodríguez, 75 años; Ricardo Jiménez, 90 años; Luis Rosa, 75 años; Adolfo Matos, 70 años; Carlos Alberto Torres, 70 años; Dylcia Pagán, 55 años; Carmen Valentín, 90 años; Alicia Rodríguez, 55 años.[32]  Oscar López, arrestado en mayo de 1981, fue sentenciado a 55 años.[33]  Alejandrina Torres, Edwin Cortés y Alberto Rodríguez fueron arrestados en junio de 1983,[34] y sentenciados a 35 años de prisión cada uno.  Los otros dos prisioneros políticos han sido adscritos al Ejército Popular Boricua – Macheteros.  Juan Segarra Palmer, graduado de la Universidad de Harvard fue sentenciado a 55 años, y Antonio Camacho Negrón, agricultor y trabajador social, fue sentenciado a 15 años, condena máxima aunque su cargo era el más leve de todos.[35]  Distinto a los combatientes de la FALN, los Macheteros trataron de usar el sistema de las cortes federales de los Estados Unidos para exponer las lacras del colonialismo yanki en Puerto Rico.[36]

Cobijados, pues, por el Derecho Internacional y siguiendo la línea de pensamiento jurídico-legal desbrozada por Albizu en los años 20, los prisioneros políticos puertorriqueños impugnan la legalidad del gobierno de los Estados Unidos para entender en el procesamiento judicial de éstos; y en todo momento se apoyan en las disposiciones legales que emanan del proceso democrático de la comunidad internacional a través de su máximo y más expedito exponente: la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  Sabido es que la Carta de las Naciones Unidas, carta magna de la ONU, nació al final de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial.  Su propósito era salvaguardar la paz en el mundo, y uno de los puntos más enfatizados en las disposiciones del documento es la erradicación del colonialismo sobre la faz de la tierra.  Los movimientos de liberación nacional que luchaban con las armas en la mano en contra de las potencias imperialistas interventoras en sus naciones se beneficiaron de la legislación internacional emitida por la ONU, la cual era cada más clara, distinta y explícita en su empeño por eliminar del mundo el azote del colonialismo.  De un total de 61 colonias que en 1953 figuraban en el temario colonial de la ONU, la cifra se había reducido a 15 en 1983 (1953 Y.U.N. 508, 1983 Y.U.N. 1031).[37]

En 1960 la ONU aprueba la famosa Resolución 1514 (XV), la cual es conocida como la Carta de Descolonización de la ONU.  Dicha resolución declara que:

The subjection of peoples to alien subjugation, domination and

exploitation constitutes a denial of fundamentals human rights, is

contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment

to the promotion of world peace and cooperation […] All peoples

have the right to self determination […] All armed action or repressive

measures of all kinds directed against dependent peoples shall cease.[38]

Esta resolución fue aprobada con 89 votos a favor, ninguno en contra y la solitaria abstención de los Estados Unidos.  Es en esa década de los años sesenta que se galvaniza en lo más avanzado de la resistencia nacional puertorriqueña la conciencia inquebrantable de la lucha armada para la liberación nacional.  Los patriotas que desde esos años hacia acá se incorporaron al brazo armado de cualesquiera de los movimientos de liberación nacional entonces en boga son piedras angulares en el edificio de la patria magna puertorriqueña.  Su destino era la irreversible confrontación con el imperialismo más bestial de todas las épocas y lugares.  Les apoyaba el Derecho Internacional, pero sabían que serían sacrificados en la lid de los arreglos tras bastidores y los chanchullos políticos, la coerción y todo tipo de chantaje.  Su destino era espantoso porque era real, de hierro, de sangre y de fuego.

En 1972, viendo las maniobras de los países imperialistas para camuflar la realidad colonial de los territorios intervenidos, la ONU crea el Comité de Descolonización, el cual se encargará de exigir a las potencias coloniales que cumplan con sus compromisos.  Hacia fines de la década del setenta los movimientos de liberación nacional en el mundo contaban con el apoyo de la ONU.  En esta década se pasan las resoluciones más condenatorias en materia de colonialismo: la Resolución 2621 (XXV) de 1970, la cual declara que el colonialismo en todas sus manifestaciones es un crimen y viola la Carta de las Naciones Unidas,[39] y las Resoluciones 33/24 (XXXIII) y 33/44 (XXXIII), ambas de 1978.  La Resolución 33/24 (XXXIII) llega al punto de autorizar explícitamente la lucha armada:

reaffirms the legitimacy of the struggle of peoples for independence,

territorial integrity, national unity and liberation from colonial and

foreign domination and foreign occupation by all available means

particularly armed struggle.[40]

Parecería que estuviéramos escuchando a Albizu en la Plaza de la Revolución en Lares en 1950, semanas antes de la Revolución de Octubre de 1950 cuando argumentaba que el despotismo yanki había que desafiarlo con la revolución.  Precisamente, Albizu, pacifista y hombre con una amplia visión en materia de Derecho Internacional, preconiza ya la labor descolonizadora de la ONU.  Así, pues, los integrantes de los movimientos de liberación nacional boricuas durante las décadas del setenta y del ochenta no hacen sino implementar con las armas en la mano el mandato de la comunidad internacional. 

Mientras en 1965 Albizu moría prácticamente en la prisión, y yacían sepultados en las mazmorras del imperio los héroes nacionalistas de las gestas de la década del cincuenta, comenzaban a hacer su aparición en horizonte luminoso de la libertad boricua decenas de organizaciones armadas.  Los tres movimientos más conspicuos de esta nueva generación de combatientes por la libertad son: los Comandos Armados de Liberación Nacional (CAL), el cual hace su aparición en Lares 1968, justamente durante la conmemoración del centenario de la Primera República de Puerto Rico; las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), que comienzan a operar en Chicago hacia 1974; y el Ejército Popular Boricua – Macheteros, el cual se inaugura en 1978 expropiando de un arsernal del gobierno en Manatí, Puerto Rico, el siguiente botín:

17,500 feet of primacord and more than five hundred pounds of

ammonium nitrate to help detonate the 53 dynamite cartridges,

112 Iremite cartridges, and 988 blasting caps also removed

from the government warehouse.[41]

Es significativo hacer notar que estos movimientos fraguan al calor de las disposiciones anticoloniales legisladas y aprobadas por abrumadora mayoría en el seno de la ONU.  De ahí que uno de los reclamos de mayor peso de la FALN haya sido impugnar la legalidad de los juicios criminales a que fueron sometidos sus presuntos miembros en tribunales de la potencia interventora en Puerto Rico, los Estados Unidos.  La FALN no hacía sino moverse a lo largo de las líneas jurídico-legales que en materia de colonialismo había venido trazando la ONU.  La validez de sus alegatos es tal que en 1988, por encima de las protestas y chantajes del gobierno norteamericano, México dio asilo político a Guillermo Morales, presunto integrante de la FALN, y antes que extraditarlo a los Estados Unidos, optó por enviarlo a Cuba.  El caso era uno de claro corte colonial, y así se lo hizo saber México al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.[42] Impresionan la claridad mental sobre el contexto internacional, la verticalidad de principios, el arrojo y heroísmo de la prisionera de guerra puertorriqueña Carmen Valentín cuando en febrero de 1981, tras ser sentenciada a 90 años de prisión, contesta al juez:

Revolution does not get accomplished by mere thought.  Action must

lead the way, and that is what the FALN is.  The FALN is action on

behalf of the millions of Puerto Ricans who have been victims of

colonialism and exploitation.  This action has to take place because

without it our territory will not be free.  Guns and bombs, guns and

bombs imply death or life imprisonment.  They also imply revolution

and freedom for our country.  The right of the Puerto Rican people to

self-determination was once more reaffirmed at a conference of non-aligned

nations of the world.  Ninety-six nations gathered two weeks ago in India

and once more urged this imperialist government to comply with the

United Nations resolutions on colonization.  It is unfortunate that the

mandate of the international community receives little recognition by

this government […] Today we faithfully reaffirm our commitment to

serve our nation until final victory.[43]

El plebiscito, la lucha armada y el derecho internacional

Hoy, en 1999, a cien años de la proclamación del nefasto Tratado de París, ya nadie puede negar la naturaleza colonial de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos.  La naturaleza del pacto colonial es tan obvia que hasta en los pasillos del Congreso Norteamericano se corea el caso a viva voce y se proponen proyectos de ley para resolver un estatus colonial que se ha convertido en una papa caliente para el imperio.  La situación sería cómica si no fuese trágica.  Así lo demostró el abortado proceso plebiscitario del verano pasado.  Se radica un proyecto de ley para convocar a un plebiscito, el Proyecto Young de 1998, aprobado por sólo un voto en la Cámara Baja y estrangulado al llegar a la Cámara Alta.  Y a finales de año el gobernador de Puerto Rico monta la charada de convocar a un plebiscito colonial que termina siendo una fiel muestra del más auténtico realismo mágico de nuestro continente mestizo.  He aquí los resultados del plebiscito: no a la anexión, no a la república, no a la libre asociación y no a la colonia.  Triunfó la fórmula “ninguna de las anteriores”, la cual rechazaba todas las opciones anteriores.  En palabras del Washington Post, el plebiscito del 13 de diciembre de 1998 fue un fiasco:

It left Puerto Ricans perhaps more divided.  It left Congress without clear

guidance for its own deliberations on the future of a century-old colonial

territory whose nearly 4 million residents, while they enjoy local autonomy

and federal benefits, are second-class American citizens, denied a voting

part in the national government that rules them.  […]  Here lies the fault that

must be remedied.  Congress must select and define the Puerto Rican status

choices […] But nothing less will satisfy the obligation to convert an

imperial property into a place of dignity for American citizens who are

equal in rights to all others (énfasis mío).[44]

A los boricuas que no conocemos nuestra historia patria, que nos apresuraremos a conocerla, y así poder reflexionar en la deuda de gratitud que tenemos con los héroes y las héroes que nos han dotado de un pasado glorioso.  Tenemos que agradecerles a Carmen Valentín, a Pedro Albizu Campos, a Blanca Canales, a Lolita Lebrón y a los miles de patriotas boricuas encarcelados por el imperio que se hayan levantado en armas sacrificando los mejores años de su juventud y su vida para descolonizar nuestro territorio, para afianzar la ciudadanía puertorriqueña, única ciudadanía que nos corresponde, para expulsar de nuestro suelo al invasor que se apropió de nuestra tierra, y para rescatar la dignidad de nuestra bandera monoestrellada y devolverla al seno de la comunidad de naciones latinoamericanas, donde ocupamos un sitial por derecho propio. 

Desde el punto de vista del Derecho Internacional y de toda ley justa y moral, al imperialismo yanki no le quedan opciones.  En su Resolución 742 de 1953, la ONU establece los requisitos mínimos que debe observar la potencia colonial para la implementación de un plebiscito.  Uno de estos requisitos es la liberación de todos los prisioneros políticos.  De lo contrario, el plebiscito no tendrá ninguna validez ante la comunidad internacional.[45]  Ninguna de las consultas plebiscitarias realizadas en Puerto Rico hasta hoy ha tomado en cuenta tan importante disposición.  Cuando en la Cámara Baja del Congreso Norteamericano aprobó el Proyecto Young el verano de 1998, no había una cláusula donde se hiciera alusión a los prisioneros políticos.  No obstante, el estatus colonial de Puerto Rico está desacreditado en el Congreso Norteamericano.  El gobierno norteamericano no reconoce públicamente el estatus colonial de Puerto Rico, a pesar de estar convencido de esta realidad aun desde los mismos inicios de la flamante constitución del Estado Libre Asociado.  Meses después de la aprobación de la susodicha constitución, en una correspondencia altamente confidencial del Departamento de Estado norteamericano, escribe Mason Sears a Henry Cabot Lodge, Embajador de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas:

(4)    It should be explained to the Governor that the establishment of

independence in Puerto Rico in the near future would have an international

impact in view of the colonial issue which is so red hot in most parts of the

world.  It would be received with great satisfaction by the Asiatic-African

nations and would enhance the influence of the two American continents

in world affairs.[46]

La carta está fechada el 8 de enero de 1954.  La fecha del intercambio epistolar es significativa, pues tiene como antecedentes la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado el 25 de julio de 1952 y su reconocimiento internacional por parte de la ONU vía la Resolución 748 (VIII), la cual fue aprobada a fines de noviembre de 1953.  La carta termina aconsejando prudencia, y recomienda que se trate este asunto en las más altas esferas diplomáticas ya que:

this whole matter is fraught with danger and any misstep could easily

lead to violence and bloodshed in Puerto Rico.[47]

Los últimos renglones denotan la influencia que ejercía la lucha armada del nacionalismo puertorriqueño durante la década del cincuenta.  Y no se equivocaba el perspicaz subsecretario Sears porque un par de semanas más tarde, para ser más exactos, el 1 de marzo de 1954, un Comando Nacionalista tiroteaba el Congreso Norteamericano al grito de ¡Free Puerto Rico now!”

Dos años más tarde, vuelve Mason Sears (United States Representative on the Trusteeship Council) a escribir a Cabot Lodge, a la sazón senador federal.  La carta es del 23 de marzo de 1956 y el tópico es nuevamente la independencia de Puerto Rico.  En dicha carta, Mason Sears sugiere que el Congreso adopte una resolución a favor de la independencia de Puerto Rico en vista de que:

A Congressional resolution would be very beneficial to the United States in view of its anti-colonial traditions, which it is temporarily having to stifle in view of  its NATO alliance with the colonial powers.[48]

Cabot Lodge refiere las ideas de Sears a Sherman Adams del Departamento de Estado.  Comentando sobre una hipotética oferta de independencia a Puerto Rico por parte del Congreso Norteamericano, escribe el senador Cabot Lodge:

If the offer were accepted, many problems would be solved.  If the offer were

rejected, our Congress would at the very least have taken a step which would

be interpreted as “anti-colonial” and do us great good throughout the world

–notably in Afro-Asian countries.[49]

Resalta la preocupación de los hombres colocados en las más altas esferas de la política norteamericana por el estatus colonial de Puerto Rico.  Es claro que está implícito en la lectura de estos documentos la clara conciencia que tienen los estadistas de Washington de las violaciones que cometen al Derecho Internacional.  La presión de los países del Tercer Mundo es una constante en las deliberaciones del Comité de Descolonización en la ONU.  Albizu y los nacionalistas del cincuenta fueron internacionalistas.  Intuían estos pormenores y siempre utilizaron la ONU y los organismos internacionales para denunciar las violaciones de los Estados Unidos al Derecho Internacional. 

¡Patria o muerte, venceremos!

Ni el sacrificio de los patriotas de los años treinta ni el de los combatientes de los años cincuenta fue en vano.  Lo mismo sucede con el sacrificio de la tercera generación de prisioneros políticos puertorriqueños.  Es un sacrificio que viene impuesto desde afuera.  La violencia legalizada de un régimen colonial perversamente camuflado con una aureola de libertades y derechos humanos convierte en mártires a los combatientes por la libertad de su patria.  Jamás en mucho tiempo se peleó con tanta abnegación en condiciones tan disímiles y desventajosas.  Lo que el imperialismo yanki parece ignorar es que el amor de los boricuas por su patria y por sus raíces latinoamericanas, africo-americanas, indoamericanas, es tan grande que están dispuestos a ofrendar no sólo una ni dos ni tres generaciones de prisioneros políticos, sino cuatro, cinco, cien, y las miles que sean necesarias para pulverizar las cadenas de ignominia que nos atan al carro destructor de una nación que ha abjurado de los principios de libertad política en que tuviera sus orígenes.  

Al mirar la lucha armada de los héroes y mártires puertorriqueños enmarcada en este macro contexto histórico, podemos percibir la estatura y la grandeza de estos hombres y mujeres que en nada le van a la zaga a gigantes de la estatura de Bolívar, Washington o Toussaint.  La lucha de los héroes boricuas es aún más heroica porque éstos blanden la honda de David.

  El mundo ha cambiado espantosamente en los últimos quince años desde que se sellaron con estrépito las rejas detrás del último Machetero.  En plena época de la globalización y del neoliberalismo estamos asistiendo al nacimiento de un mundo unipolar, al emporio de las privatizaciones, de la convergencia de super capitales en compañías que se fusionan de la noche a la mañana para recrear una nueva imagen de los monopolios, de una industria informática desbocada que amenaza con asfixiarnos en lo exuberante de su follaje.  Las estructuras de poder se consolidan y aprietan la tenaza sobre el grueso de la humanidad.  Dentro de ese endiablado contexto, como diría Don Quijote, es que tenemos que apreciar la grandeza de los prisioneros y prisioneras políticos y de guerra puertorriqueños.  El alma entera se estremece al contemplar el valor, sacrificio y heroísmo de nuestros prisioneros y prisioneras boricuas.  Como quería Martí, estos sí son héroes.  Son los que luchan por la libertad de los pueblos, los que no se cansan de luchar aun cuando parezca que los pueblos se han cansado, los que hacen praxis viva el pensamiento albizuita, los que blanden la honda de David mientras meditan: “Para quitarnos la patria, primero tienen que quitarnos la vida”.

Nueva York, 20 de mayo de 1999

Valentín Soto, Montclair State University y Comité ProLibertad de New Jersey

Catedrático de Lengua y Literatura Hispánicas

Ph.D., Literatura Latinoamericana, Stanford University, California

M.A., Lingüística, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.