Por Jinnette Morales Díaz

Ningún grupo vinculado a los Derechos Humanos de los estudiantes con Diversidad Funcional apoya la creación del proyecto de la Cámara 1945, presentado por el Representante June Rivera, por segunda ocasión, ya que antes fue vetado por el ex gobernador Ricardo Rosselló. (elimina esto, con el Núm. 1484.)

Si sorprendente resulta la insistencia del representante, más aun  es la falta de participación de expertos en el tema en la creación de este proyecto de ley.  En el inicio, este proyecto inició tenía un propósito loable, enmendar y atemperar la Ley 51 con las necesidades particulares de Educación Especial en Puerto Rico. Existía un grupo de asesores respetado por nuestra comunidad,  que fue totalmente desintegrado con la llegada de la empresaria y dueña de la Compañía Compliance & Research; Sra. Díaz. (Básicamente única redactora de la ley y a su vez directora de la Comisión de Educación Especial de la Cámara, donde casualmente el proyecto fue aprobado sin vistas publicas).  Lo que debió ser un diálogo participativo se convirtió en un monólogo que desvirtuó el propósito original. La falta de democracia participativa nos tiene que hacer cuestionar las verdaderas intenciones de este proyecto; ¿realmente el propósito son los derechos de nuestra población?, ¿Cuál es el empeño de insistir en un proyecto que ha recibido cientos de enmiendas y ninguna se ha considerado o analizado?, ¿Por qué tanta soberbia?

Insistir en un aspecto legal es a mí entender una falta de comprensión a las realidades que día a día enfrenta nuestra población. No se trata de falta de leyes. Lo que históricamente ha pasado es la falta de voluntad para cumplir las ya existentes. Es una visión perpetuada de que nuestros hijos e hijas no son más que un “gasto” para el país.  Vivimos en una sociedad que se le instruye a que el éxito es cuanto tienes, no el ser humano que puedes ser en beneficio de la sociedad que deberíamos tener.

Un proyecto de ley donde la mayoría de sus  propuestas  están basadas en leyes y manuales de procedimientos ya existentes,  maquilladas con  palabritas distintas,  no es la alternativa. No creo que cambiar quien nombre jueces, tener una secretaria independiente, resumir las leyes o crear más leyes cambie la realidad que vive nuestra comunidad. Necesitamos la honestidad de mirar por qué no lo logramos a pesar de todas estas leyes. La solución a los problemas reales que enfrentan nuestros estudiantes no se refleja en esta propuesta. No podemos perpetuar lo que no ha dado resultado e insistir en dar más poder a los políticos y empresarios para que controlen nuestras agencias y fondos públicos. Si en algo todos estamos de acuerdo es que precisamente esa influencia ha destruido nuestras agencias, desvirtuando cual es su propósito de servicio y convirtiéndose en empresas privadas de saqueos a través de contratos.

Si realmente queremos hacer algo que tenga impacto en nuestra población tenemos que partir por la honestidad de reconocer cuales son los problemas reales que acogen a nuestra población.

Hay que exigir al  Departamento de Educación cumpla con proveer calidad educativa y servicios relacionados de excelencia, una visión acorde a los tiempos, enfocada en la Inclusión como norte.  Para lograrlo mínimamente es necesario: a) los grupos no deben exceder a 15 estudiantes con un máximo de 3 estudiantes con Diversidad Funcional; b) hacer justicia a los maestros con un sueldo digno; c)  salones equipados;  d)  quitarles la fatiga de la burocracia; e)  romper con el yugo del estándar de grado;  y buscar otras metodologías que respondan a la diversidad, porque así somos diversos, no somos iguales.

Nuestros hijos e hijas tienen que tener un espacio real en nuestra sociedad donde sean aceptados como son y se les brinde oportunidades reales de lograr independencia laboral, de vivienda y sobretodo lograr que nosotros como país comprendamos que nuestra población es parte de ella con su diversidad.