Acuerdo de COFINA

El lavado de dinero (también conocido como corrupción, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.

 La administración colonial representada por el PNP, con la Junta de Control Fiscal pretende lavar el dinero de los bonistas de COFINA, en el caso de quiebra en la corte federal, que se verá el 16 de enero de 2019.  Para lograr su propósito anunciaron hace varias semanas que había llegado a un acuerdo con los bonistas de COFINA.  En este acuerdo leonino el gobierno se compromete a pagar una cantidad menor al servicio de la deuda (intereses) pero a su vez lo extiende por 40 años.  Al final se terminará pagando el doble y la deuda principal continuará igual.  Negocio redondo para los bonistas, cobran su dinero mal habido, usted, nosotros, el pueblo lo pagará.

El detalle es que para hacerlo tienen que convencer a la jueza Swain, quien está viendo el caso de quiebra en la corte federal  que esa deuda de COFINA la clasifiquen como deuda asegurada.  En la corte de quiebras hay dos tipos de acreedores, los asegurados y los no asegurados.  A los asegurados hay que pagarle el 100%  de su inversión original.  Los NO asegurados reciben del sobrante (si queda) después de pagarle a los asegurados.

La deuda de COFINA es deuda extra-constitucional en otras palabras fuera de la ley, no cubierta por la ley,  por lo tanto deuda ilegal.  La administración del PNP en contubernio con los bonistas  intenta lavar esa deuda ilegal planteando que es asegurada, unos 18 billones de dólares.

Mientras tanto han declarado todas las pensiones de los empleados públicos activos y jubilados como acreedores No asegurados (sin garantías).  Si logran este lavado de dinero no va haber dinero para los jubilados.  Por eso están cocinando con la Junta de Control Colonial reducir  las pensiones de los maestros  a 1,000 dólares máximos y a los demás  pensionados del gobierno central que reciben seguro social unos 600 dólares como máximo.   Si usted recibe menos de mil se queda igual pero si recibe más de mil se le reducirá a mil dólares.  Ejemplo: Usted recibe 1, 500 actualmente perderá $500.00, usted recibe 2,300 perderá 1,300.  Nadie tendrá una pensión mayor de 1,000 o 600  dólares en el futuro.  Esto sería así para los 320 mil empleados públicos activos actualmente y  jubilados.

Hay que detenerlos, el miércoles 16 de enero de 2019, la jueza Swain tendrá a su consideración este asunto.  Ese día varias organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas, empleados públicos activos y jubilados llevaran a cabo una actividad a las 8 de la mañana frente a la corte federal en Hato Rey, solicitando a la jueza que no le de paso a este lavado ilegal de dinero.  Además un sector está haciendo una petición  a la jueza Swain para rechazar este abuso.   (Ver petición http://chng.it/R42ZQtDCSd )

Nosotros estaremos allí defendiendo al pueblo, denunciando la complicidad de la Junta, administración, bonistas y corte federal, que pretende justificar una deuda ilegal, odiosa, que no es del pueblo.  Todos,  las puertorriqueñas y los  puertorriqueños  deben luchar contra este abuso.

Por una pensión digna y universal para todos.   Dile NO al lavado de dinero, dile NO al abuso contra del pueblo, dile No a la deuda ilegal, No a la Junta.  Asiste el 16.